El último mes de Alan García es digno de un análisis psicopatológico. En medio del fuego cruzado de denuncias, que por fin se aprecian en su medida correcta, el Presidente opta por el silencio, por responder a través de comunicados encriptados que nada aclaran, y por insistir en una racha de inauguraciones a medio hacer, todas ellas grandilocuentes (y, faltaba más, con un derroche publicitario que busca, más que mejorar la imagen del gobierno, mantener la estrategia de silenciamiento mediático con la que ha gobernado estos cinco años).
Ha bastado que un grupo de periodistas valientes de un canal de televisión, la independencia informativa en otros dos, tres diarios, un par de radios y las vigilantes redes sociales, subrayen sinfín de hechos que revelan un alto grado de corrupción que cada vez se acercan más a comprometer la propia figura presidencial, para que la opinión pública se empiece a percatar de que no hemos asistido al “mejor gobierno de la historia” ni mucho menos.
Lo que hemos visto ha sido, más bien, una administración bastante mediocre del Estado y, lo que es peor, con indicios de corrupción que, de hecho ameritarán después del 28 de julio que se activen todas las instancias judiciales para determinar las responsabilidades que quepa establecer.
No será fácil, sin duda, mantener por el camino correcto el proceso penal que los hechos denunciados ameritan. La maquinaria mediática digitada desde Palacio ya anuncia que se mantendrá vigente en el futuro. Blindando a su “mecenas” y buscando demoler al gobierno entrante desde el saque.
Así como en la campaña electoral, la guerra sucia emprendida contra Susana Villarán fue el ensayo de lo que iba a ser la elección presidencial –primero contra Toledo y luego contra Humala- el guión actual es evidente: destruir la gestión del municipio limeño es solo la antesala de lo que se querrá hacer con el régimen presidencial entrante.
Arrinconarlos armando escandaletes sin fundamento y, de esa manera, distraer al país de la agenda fiscalizadora que se impone por la salud democrática del país. Las decenas de cabos sueltos puestos al descubierto desde el destape de los “petroaudios” tendrán que ser atados diligentemente. Esa debe ser parte primordial de la agenda del nuevo gobierno. Cueste lo que cueste.
Así ladren los mastines rentados estos cinco años, el Perú necesita aprender que el telón de fondo democrático no implica patente de corso para nadie que asuma las riendas del manejo público.
Ha bastado que un grupo de periodistas valientes de un canal de televisión, la independencia informativa en otros dos, tres diarios, un par de radios y las vigilantes redes sociales, subrayen sinfín de hechos que revelan un alto grado de corrupción que cada vez se acercan más a comprometer la propia figura presidencial, para que la opinión pública se empiece a percatar de que no hemos asistido al “mejor gobierno de la historia” ni mucho menos.
Lo que hemos visto ha sido, más bien, una administración bastante mediocre del Estado y, lo que es peor, con indicios de corrupción que, de hecho ameritarán después del 28 de julio que se activen todas las instancias judiciales para determinar las responsabilidades que quepa establecer.
No será fácil, sin duda, mantener por el camino correcto el proceso penal que los hechos denunciados ameritan. La maquinaria mediática digitada desde Palacio ya anuncia que se mantendrá vigente en el futuro. Blindando a su “mecenas” y buscando demoler al gobierno entrante desde el saque.
Así como en la campaña electoral, la guerra sucia emprendida contra Susana Villarán fue el ensayo de lo que iba a ser la elección presidencial –primero contra Toledo y luego contra Humala- el guión actual es evidente: destruir la gestión del municipio limeño es solo la antesala de lo que se querrá hacer con el régimen presidencial entrante.
Arrinconarlos armando escandaletes sin fundamento y, de esa manera, distraer al país de la agenda fiscalizadora que se impone por la salud democrática del país. Las decenas de cabos sueltos puestos al descubierto desde el destape de los “petroaudios” tendrán que ser atados diligentemente. Esa debe ser parte primordial de la agenda del nuevo gobierno. Cueste lo que cueste.
Así ladren los mastines rentados estos cinco años, el Perú necesita aprender que el telón de fondo democrático no implica patente de corso para nadie que asuma las riendas del manejo público.
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