La revista América Económica ha publicado un ranking de las 25 mejores universidades en el Perú.
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Los criterios son varios, entre ellos, relación profesor alumno, empleabilidad, convenios, internacionalización, selectividad de admisión, artículos publicados en revistas indexadas, entre otros.
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El método es un poco aleatorio: enviaron un cuestionario a 60 universidades, les respondieron ocho, entonces decidieron entrevistar a lectores y headhunters e investigar.
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Este ranking difiere mucho de la medición realizada en el 2006 por Luis Piscoya para la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que tenía un criterio selectivo similar; sin embargo, en el primer caso tenemos a la PUCP en primer lugar (en el otro es número 2) y en el segundo caso a la UNMSM (en el primer ranking es la número 4).
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El artículo, asimismo, sostiene que para los headhunters la UNMSM no es una posibilidad a pesar de ser una de las que posee mayores tasas de selectividad e investigación. ¿Sorprende? No, porque los headhunters de empresas peruanas jamás van a “cazar” a un experto en recursos hídricos marinos o a un matemático especializado en fractales.
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Creo que la PUCP es una universidad excelente, pero ahora con el Premio Nobel a Mario Vargas Llosa –y aunque la UPC y la SIL le hayan dado reconocimientos– la UNMSM, donde estudió su pregrado, se ganó con este “indicador” (al igual que la Complutense, donde estudió su posgrado).
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El artículo mencionado sostiene que el mercado universitario ha crecido en 20 años de manera indiscriminada y sin ningún tipo de regulación. En efecto, sí lo ha hecho, pero a partir de un “recurso” que se convirtió en la puerta falsa de la ley frente al extremadamente riguroso y burocrático proceso del CONAFU (Comisión Nacional Fundadora de Universidades).
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Me refiero, claro está, a los recursos de amparo que algunas universidades han presentado ante diversos jueces de todo el Perú y que les han permitido funcionar e impartir clases, incluso con sucursales en provincias, sin poder dar títulos a nombre de la nación.
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Literalmente “engañamuchachos”. Este sistema, además, responde a la idea de pensar en una universidad totalmente diferente a la concepción original de la misma: hoy una “promotora” puede mantener el poder de designar directamente al rector, al vicerrector y a las autoridades competentes, más allá del consejo universitario y de la asamblea universitaria que antes, en la era real-maravillosa de la universidad democrática, solían elegirlos.
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Por supuesto, la versión anterior, así como la actual, no garantizaban tampoco que las componendas debajo de la mesa –con ofrecimientos de puestos a alumnos asambleístas– permitieran la transparencia institucional.
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Las universidades, no es la primera vez que lo digo, forman a lo mejor y a lo peor de nuestra política nacional: sino recordemos de dónde surgió el ingeniero Alberto Fujimori y en dónde aprendió sus estrategias maquiavélicas (Universidad Agraria).
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El artículo se queja, asimismo, de que sean las mismas universidades las que se autorregulen, y sostiene que la única manera de poder salir adelante en este desenfreno es a través de la acreditación. Totalmente de acuerdo. Pero hay acreditaciones y acreditaciones.
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Si seguimos el formato del CONEAU se seguirá el camino fácil de sacarle la vuelta a la acreditación porque, a su vez, se exagera burocráticamente con los indicadores.
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Llenarte de papeles, de formularios, de POI, de PDI, de planes, misiones, visiones y demás, si en el “lugar de los hechos” solo te sirven para llenar una plantilla y no el alma ansiosa de conocimiento de un alumno, no sirven para nada.
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No, señores, eso de que necesitamos “carreras prácticas sin el tipo de información generalista” es una falacia del tamaño del campus de Harvard.
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Lo que necesitamos son profesionales que, por ejemplo, no sean corruptos en un país de índices de tolerancia a la corrupción que dan asco.
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¿Con qué indicador medimos a aquellos profesionales que, en el momento de la decisión ética, asumen la correcta y no se echan ante el dinero, la sensualidad del poder o el miedo a quedar desempleados?
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