EXCELENTES REFLEXIONES, COMENCEMOS A TRABAJAR PARA RECUPERAR LAS VIRTUDES PERDIDAS...HAS TU PARTE Y PODREMOS RECUPERARLAS.
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El partido de los corruptos
César Lévano
Razón Social cesar.lev...@diariolaprimeraperu.com
Así como guitarra llama cajón, un audio llama otro audio. Me refiero a las grabaciones sobre el caso Business Track que resultan convocando otros testimonios. Todos estos documentos demuestran que en el gobierno de Alan García existió una red, una verdadera mafia, de corrupción encabezada por el propio García.
Las denuncias de nuestro diario, que han trascendido a otros medios, arrancan con la comprobación de Alberto Químper de que Alan García se volvió rico sobre todo en su recién concluido segundo período.
Clave en la denuncia de Químper es que García reaccionó contra aquél y contra Rómulo León con el fin de encubrir a sus más cercanos colaboradores: Jorge del Castillo, entonces presidente del Consejo de Ministros; Luis Nava, secretario de la presidencia; Mirtha Cunza, su secretaria personal; Hernán Garrido Lecca, a quien había nombrado ministro de salud (de eso Garrido Lecca no sabía de la misa la media; pero García lo necesitaba para manejar el negociado de construcción de cárceles y hospitales que proyectaba en complicidad con el dominicano Fortunato Canaán).
Químper explica que García llamó ratas a él y Rómulo León, no solo porque quería llevarse la parte de León, sino por el hecho de que sus allegados íntimos habían sido visitantes asiduos de Canaán en el Country Club. Esto ponía en evidencia a García.
Ernesto More, ese gran periodista y gran amigo de César Vallejo, contaba que en París el poeta solía repetir en voz alta esta frase: “¡La plata, mi viejo! ¡La plata! ¡Cabrones! ¡Lo que pueden las pasiones, los hombres!”.
Químper, en fabla nada poética, recuerda que a García se debe el haber firmado el convenio para exportar gas del lote 88. “Se requerían tres firmas”, declaró Químper a LA PRIMERA. “Se requerían tres firmas y solo había dos: la de Perupetro y la de Camisea. Faltaba la del Estado. García puso la firma del Estado”.
Sostiene Químper que en su primer período presidencial, García apañó algo de dinero, pero en esa época la plata no abundaba “Ahora sí”, expresa, “con Camisea y otros, y a Petrotech pudo sacarle algo, por no denunciarlos. García no perdona nada. Si se trata de agarrar plata, la agarra”.
Puesto que la plata “viene sola”.
¡La plata, mi viejo, la plata!
García no es único aficionado al vil metal. Parece que ése es un Cáncer moral que afecta al APRA. En Camisea, en Collique, en los puertos, en la construcción de obras físicas: por todas partes aparece la garra de la coima. Del Castillo quería el apoyo dinerario de Canaán para su utopía presidencial.
Esto se acompaña, como lo subraya también Químper, con una impúdica hegemonía en el Poder Judicial.
Las denuncias recientes contra García y su entorno merecen una investigación severa del Congreso y una exhibición aleccionadora en los medios de comunicación.
Clamor de justicia
La cifra definitiva de 191 muertes causadas por la represión durante los cinco años del gobierno aprista, es decir un promedio de un muerto cada diez días, indigna a la ciudadanía que la considera indudable consecuencia, tanto de la violencia lanzada por aquella administración contra las protestas sociales, como de la irresponsable y criminal política de no prever y menos solucionar a tiempo los conflictos sociales.
Semejante mortandad, que daña la imagen del Perú ante el mundo, fue además consecuencia del empecinamiento del pasado gobernante en su política neoliberal a ultranza y entregada a los poderes y capitales foráneos, frente al creciente rechazo social, expresado a la postre en la magra votación que su partido alcanzó en las últimas elecciones.
Un dirigente de ese partido ha alegado que exageran quienes con dolor e indignación señalan a aquel gobernante como responsable de las muertes que enlutaron a los pueblos del Perú, y ha sostenido que no todas esas muertes se pueden imputar a aquel régimen, para lo cual reeditó los argumentos oficiales que en no pocos casos pretendieron culpar a los manifestantes de las consecuencias de la represión de protestas sociales.
Casi con cinismo, el personaje ha alegado que los conflictos sociales persisten y que, por tanto, habrá muertes también bajo el actual gobierno, aunque, para satisfacción de la ciudadanía, el ministro del Ambiente ha dicho que hay que ponerle también una lápida a esa política y que no debe haber ninguna muerte más en adelante, porque deberán evitarse con el diálogo y la prevención, junto a la vigencia de la Ley de Consulta Previa.
Pero no es suficiente dar una vuelta de página y que en adelante no haya más víctimas de la violencia represiva, como parte del cambio que estamos viviendo desde el 28 de julio. Los caídos, sus familiares y la ciudadanía de bien demandan que también se haga justicia y que paguen sus culpas los responsables de la pérdida de 191 vidas de hombres, mujeres y hasta niños.
La responsabilidad política indudable del anterior gobernante ha sido señalada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Tal responsabilidad se agrava con el hecho de que, más de una vez, con la arrogancia y la intolerancia que caracterizó a su administración, criminalizó la protesta social, tratando como delincuentes a quienes se veían obligados a salir a las calles y caminos por no ser atendidos sus reclamos.
Además, azuzó a Policías y militares para que actúen en forma implacable contra los manifestantes y hasta dictó normas para que usaran sus armas prácticamente a discreción, exonerándolos de responsabilidad penal; a lo que hay que agregar la impunidad de las muertes, pues no ha habido sanción y quienes sufrieron cárcel y maltratos fueron los dirigentes sociales.
El miedo, mal compañero para solucionar nuestros problemas: José Narro Robles
Participó en el Foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, en la Cámara de Diputados.
Por: MiMorelia.com | 18:44 - Lunes 29 de Agosto del 2011
El miedo, mal compañero para solucionar nuestros problemas: José Narro Robles
Participó en el Foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, en la Cámara de Diputados.
Por: MiMorelia.com / MiMorelia.com | 18:44 - Lunes 29 de Agosto del 2011
La aplicación de la ley no es incompatible con el respeto a los derechos humanos, dijo
Ciudad de México.- El miedo es un mal compañero para la solución de nuestros problemas, porque paraliza y oscurece la razón, enmudece a la gente e inhibe la acción. Por ello, tenemos que encontrar formas de eliminarlo, planteó el rector de la UNAM, José Narro Robles.
Ante la situación que enfrenta el país, añadió, tenemos que estar convencidos de que no es incompatible la aplicación de la ley con el respeto a los derechos humanos y que, de manera simultánea, se debe avanzar en la prevención del delito y en el sometimiento a la justicia de los infractores de la ley.
Al participar en la inauguración del Foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, en la Cámara de Diputados, consideró indispensable aceptar, más allá del discurso, que la educación y la cultura son indispensables y que “sólo con una visión integral y de largo aliento, saldremos adelante”.
Ante legisladores, representantes de los derechos humanos y de organizaciones civiles, se refirió a la necesidad de contar con políticas públicas integrales para instruir a los jóvenes y ofrecerles oportunidades.
Es preocupante que sean justificables la violencia, la tortura, la violación de los derechos de las personas o el autoritarismo para privilegiar la seguridad de los individuos. Muchos de ellos, incluso, están dispuestos a sacrificar libertad para tener seguridad, señaló.
El rector explicó que parecería que un conjunto de sentimientos negativos se han extendido en la sociedad; a todos ellos los tenemos que desterrar para avanzar hacia el desarrollo. El miedo, la frustración o la desesperanza se hacen presentes con frecuencia y no son raros los casos en los que la indiferencia, la negación o la aceptación de hechos indeseables que se transforman en costumbre, parecen acompañar la vida cotidiana.
Al inaugurar el encuentro, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la cámara baja, pidió que la legalidad no sea una excepción heroica y los derechos humanos un catálogo de demandas sin respuesta; que la ética no sea un concepto de lujo, mientras la corrupción se hace normal, cotidiana y la impunidad, institucional; que la seguridad sea producto de la justicia.
En ese sentido, Manuel Cadena Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la cámara coincidió en que México enfrenta una situación delicada en materia de seguridad, lo que ha provocado que entre la población haya una sensación de temor que paraliza la acción colectiva y a la ciudadanía. El temor es el peor enemigo para nuestro proceso de consolidación democrática y caldo de cultivo para tentaciones autoritarias.
Por su parte, el magistrado español Baltasar Garzón Real, director del foro, consideró que la educación representa el lugar principal para vertebrar a una sociedad, un país y un régimen democrático, y para generar la conciencia que se precisa para combatir los fenómenos que atacan a la seguridad y ponen en peligro la convivencia pacífica y democrática.
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El partido de los corruptos
César Lévano
Razón Social cesar.lev...@diariolaprimeraperu.com
Así como guitarra llama cajón, un audio llama otro audio. Me refiero a las grabaciones sobre el caso Business Track que resultan convocando otros testimonios. Todos estos documentos demuestran que en el gobierno de Alan García existió una red, una verdadera mafia, de corrupción encabezada por el propio García.
Las denuncias de nuestro diario, que han trascendido a otros medios, arrancan con la comprobación de Alberto Químper de que Alan García se volvió rico sobre todo en su recién concluido segundo período.
Clave en la denuncia de Químper es que García reaccionó contra aquél y contra Rómulo León con el fin de encubrir a sus más cercanos colaboradores: Jorge del Castillo, entonces presidente del Consejo de Ministros; Luis Nava, secretario de la presidencia; Mirtha Cunza, su secretaria personal; Hernán Garrido Lecca, a quien había nombrado ministro de salud (de eso Garrido Lecca no sabía de la misa la media; pero García lo necesitaba para manejar el negociado de construcción de cárceles y hospitales que proyectaba en complicidad con el dominicano Fortunato Canaán).
Químper explica que García llamó ratas a él y Rómulo León, no solo porque quería llevarse la parte de León, sino por el hecho de que sus allegados íntimos habían sido visitantes asiduos de Canaán en el Country Club. Esto ponía en evidencia a García.
Ernesto More, ese gran periodista y gran amigo de César Vallejo, contaba que en París el poeta solía repetir en voz alta esta frase: “¡La plata, mi viejo! ¡La plata! ¡Cabrones! ¡Lo que pueden las pasiones, los hombres!”.
Químper, en fabla nada poética, recuerda que a García se debe el haber firmado el convenio para exportar gas del lote 88. “Se requerían tres firmas”, declaró Químper a LA PRIMERA. “Se requerían tres firmas y solo había dos: la de Perupetro y la de Camisea. Faltaba la del Estado. García puso la firma del Estado”.
Sostiene Químper que en su primer período presidencial, García apañó algo de dinero, pero en esa época la plata no abundaba “Ahora sí”, expresa, “con Camisea y otros, y a Petrotech pudo sacarle algo, por no denunciarlos. García no perdona nada. Si se trata de agarrar plata, la agarra”.
Puesto que la plata “viene sola”.
¡La plata, mi viejo, la plata!
García no es único aficionado al vil metal. Parece que ése es un Cáncer moral que afecta al APRA. En Camisea, en Collique, en los puertos, en la construcción de obras físicas: por todas partes aparece la garra de la coima. Del Castillo quería el apoyo dinerario de Canaán para su utopía presidencial.
Esto se acompaña, como lo subraya también Químper, con una impúdica hegemonía en el Poder Judicial.
Las denuncias recientes contra García y su entorno merecen una investigación severa del Congreso y una exhibición aleccionadora en los medios de comunicación.
Clamor de justicia
La cifra definitiva de 191 muertes causadas por la represión durante los cinco años del gobierno aprista, es decir un promedio de un muerto cada diez días, indigna a la ciudadanía que la considera indudable consecuencia, tanto de la violencia lanzada por aquella administración contra las protestas sociales, como de la irresponsable y criminal política de no prever y menos solucionar a tiempo los conflictos sociales.
Semejante mortandad, que daña la imagen del Perú ante el mundo, fue además consecuencia del empecinamiento del pasado gobernante en su política neoliberal a ultranza y entregada a los poderes y capitales foráneos, frente al creciente rechazo social, expresado a la postre en la magra votación que su partido alcanzó en las últimas elecciones.
Un dirigente de ese partido ha alegado que exageran quienes con dolor e indignación señalan a aquel gobernante como responsable de las muertes que enlutaron a los pueblos del Perú, y ha sostenido que no todas esas muertes se pueden imputar a aquel régimen, para lo cual reeditó los argumentos oficiales que en no pocos casos pretendieron culpar a los manifestantes de las consecuencias de la represión de protestas sociales.
Casi con cinismo, el personaje ha alegado que los conflictos sociales persisten y que, por tanto, habrá muertes también bajo el actual gobierno, aunque, para satisfacción de la ciudadanía, el ministro del Ambiente ha dicho que hay que ponerle también una lápida a esa política y que no debe haber ninguna muerte más en adelante, porque deberán evitarse con el diálogo y la prevención, junto a la vigencia de la Ley de Consulta Previa.
Pero no es suficiente dar una vuelta de página y que en adelante no haya más víctimas de la violencia represiva, como parte del cambio que estamos viviendo desde el 28 de julio. Los caídos, sus familiares y la ciudadanía de bien demandan que también se haga justicia y que paguen sus culpas los responsables de la pérdida de 191 vidas de hombres, mujeres y hasta niños.
La responsabilidad política indudable del anterior gobernante ha sido señalada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Tal responsabilidad se agrava con el hecho de que, más de una vez, con la arrogancia y la intolerancia que caracterizó a su administración, criminalizó la protesta social, tratando como delincuentes a quienes se veían obligados a salir a las calles y caminos por no ser atendidos sus reclamos.
Además, azuzó a Policías y militares para que actúen en forma implacable contra los manifestantes y hasta dictó normas para que usaran sus armas prácticamente a discreción, exonerándolos de responsabilidad penal; a lo que hay que agregar la impunidad de las muertes, pues no ha habido sanción y quienes sufrieron cárcel y maltratos fueron los dirigentes sociales.
El miedo, mal compañero para solucionar nuestros problemas: José Narro Robles
Participó en el Foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, en la Cámara de Diputados.
Por: MiMorelia.com | 18:44 - Lunes 29 de Agosto del 2011
El miedo, mal compañero para solucionar nuestros problemas: José Narro Robles
Participó en el Foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, en la Cámara de Diputados.
Por: MiMorelia.com / MiMorelia.com | 18:44 - Lunes 29 de Agosto del 2011
La aplicación de la ley no es incompatible con el respeto a los derechos humanos, dijo
Ciudad de México.- El miedo es un mal compañero para la solución de nuestros problemas, porque paraliza y oscurece la razón, enmudece a la gente e inhibe la acción. Por ello, tenemos que encontrar formas de eliminarlo, planteó el rector de la UNAM, José Narro Robles.
Ante la situación que enfrenta el país, añadió, tenemos que estar convencidos de que no es incompatible la aplicación de la ley con el respeto a los derechos humanos y que, de manera simultánea, se debe avanzar en la prevención del delito y en el sometimiento a la justicia de los infractores de la ley.
Al participar en la inauguración del Foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, en la Cámara de Diputados, consideró indispensable aceptar, más allá del discurso, que la educación y la cultura son indispensables y que “sólo con una visión integral y de largo aliento, saldremos adelante”.
Ante legisladores, representantes de los derechos humanos y de organizaciones civiles, se refirió a la necesidad de contar con políticas públicas integrales para instruir a los jóvenes y ofrecerles oportunidades.
Es preocupante que sean justificables la violencia, la tortura, la violación de los derechos de las personas o el autoritarismo para privilegiar la seguridad de los individuos. Muchos de ellos, incluso, están dispuestos a sacrificar libertad para tener seguridad, señaló.
El rector explicó que parecería que un conjunto de sentimientos negativos se han extendido en la sociedad; a todos ellos los tenemos que desterrar para avanzar hacia el desarrollo. El miedo, la frustración o la desesperanza se hacen presentes con frecuencia y no son raros los casos en los que la indiferencia, la negación o la aceptación de hechos indeseables que se transforman en costumbre, parecen acompañar la vida cotidiana.
Al inaugurar el encuentro, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la cámara baja, pidió que la legalidad no sea una excepción heroica y los derechos humanos un catálogo de demandas sin respuesta; que la ética no sea un concepto de lujo, mientras la corrupción se hace normal, cotidiana y la impunidad, institucional; que la seguridad sea producto de la justicia.
En ese sentido, Manuel Cadena Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la cámara coincidió en que México enfrenta una situación delicada en materia de seguridad, lo que ha provocado que entre la población haya una sensación de temor que paraliza la acción colectiva y a la ciudadanía. El temor es el peor enemigo para nuestro proceso de consolidación democrática y caldo de cultivo para tentaciones autoritarias.
Por su parte, el magistrado español Baltasar Garzón Real, director del foro, consideró que la educación representa el lugar principal para vertebrar a una sociedad, un país y un régimen democrático, y para generar la conciencia que se precisa para combatir los fenómenos que atacan a la seguridad y ponen en peligro la convivencia pacífica y democrática.
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